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Derechos de las trabajadoras y trabajadores.

Escrito por Bere-temas-juridicos 23-05-2018 en Derechos. Comentarios (0)

Derechos de las trabajadoras y trabajadores.

Las y los trabajadores han sido un grupo social cuya posición muchas veces los coloca en posiciones de desventaja, con respecto a los patrones. El patrón, como dueño de los medios de producción, y de capital, puede fijar las condiciones laborales de una o varias personas, y establecer lineamientos abusivos que le dificulten o impidan el ejercicio de sus derechos.

El criterio que principalmente identifica a los trabajadores es la prestación de un trabajo personal, subordinado a otra persona, ya sea física o moral, a cambio del pago de un salario.

La condición de vulnerabilidad de este grupo se da porque al haber un excedente en la mano de obra propicia que, muchas veces, se oferten condiciones laborales menores a las que realmente merecería el trabajador, quien para obtener ingresos se ve obligado a aceptarlas y los vulnerabilizan los patrones, quienes establecen condiciones abusivas que les permiten incrementar sus ganancias o incluso el mismo Estado, a través del poder legislativo, cuyas normas no se emiten con un enfoque de respeto a sus derechos humanos.

En México, se han expedido las siguientes normas: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartados A (derecho laboral) y B (derecho burocrático.¨  Ley Federal del Trabajo (reglamentaria del apartado A, del artículo 123 constitucional).¨  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.¨  Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.  Leyes de trabajo de los servidores públicos estatales.

Asimismo, se han suscrito la  Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).



Derechos de la comunidad de diversidad sexual.

Escrito por Bere-temas-juridicos 23-05-2018 en Derechos. Comentarios (0)

Derechos de la comunidad de diversidad sexual.

La comunidad LGTTTBIQ pertenecen a los grupos de situación en vulnerabilidad, ya que hay un alto grado de discriminación a los miembros, generándose un sesgo social, el cual se ve reflejado desde el rechazo laboral, hasta un alto grado de homicidios de odio.

El criterio de adscripción como grupo en situación de vulnerabilidad de la comunidad, personalmente, la clasifico como: la preferencia sexual, la identidad de género y el estereotipo. Entendiendo al primero como la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual y de mantener relaciones íntimas y sexuales  por y con personas de: un género diferente al suyo; de su mismo género,  de más de un género e; incluso de nadie. Entre éstos, se encuentran las lesbianas, los gays, las lesbianas, los bisexuales y los asexuales. 

La identidad de género, es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, son las ideas y comportamientos que definen a las mujeres y a los hombres, lo que se espera socialmente de cada quien según la época y el lugar donde se vive. En esta clasificación, se encuentran aquellos que no identifican su género al sexo con el que nacieron, se encuentran las personas travestís, transexuales y transgenero. 

Como último criterio de adscripción, está el estereotipo, el cual se refiere a una imagen o idea comúnmente aceptada, con base en la que se atribuyen características determinadas a cierto grupo de personas, que lleva a considerar a sus integrantes como portadoras del mismo tipo de características, sin que a dicha atribución obedezca un análisis objetivo y este criterio lo relaciono con las personas que se autoidentifican como queer. 

En cuanto a la normatividad nacional,  no fue hasta 2011 que la discriminación basada en las "preferencias sexuales" se prohibió en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales.

Además de las legislaciones civiles que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción y los códigos penales que tipifican delitos en razón del género, también se encuentran las siguientes leyes federales que, de cierta forma, protegen a este sector:

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Ley General de Víctimas 

NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN.

Además, existen los siguientes programas  para la protección de este grupo  en situación de vulneraibilidad:

Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y  Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014–2018 (PRONAIND).

Derechos de las mujeres

Escrito por Bere-temas-juridicos 09-05-2018 en Derechos. Comentarios (0)

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Derechos sociales en México.

Escrito por Bere-temas-juridicos 09-05-2018 en Derechos Humanos. Comentarios (0)

Derechos sociales en México.

La justicia social atiene al principio de igualdad, que en teoría todos debemos contar con  derechos que nos permitan acceder a mismas oportunidades para un pleno desarrollo en el que se fomente la dignidad humana y el bienestar social, evitando así la violencia y los enfrentamientos sociales que la desigualdad genera.

La justicia social se pudiera lograr a través de dos sistemas; el liberalismo que vincula a la generación de oportunidades a través de iniciativas privadas y el socialismo, el cual se centra en el deber de Estado para compensar las desigualdades que surgen, icluso en los mercados. El 20 de febrero se celebra el Día Internacional de la Justicia Social, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2007.

En este sentido, los derechos sociales son prerrogativas cuya titularidad concierne a sujetos individuales o colectivos pertenecientes a los grupos considerados vulnerables por su sola  condición y como obligados; los agentes del Estado, por lo que podríamos decir que éstos devienen del modelo socialista. La doctrina, generalmente lo ha confundido, asimilándolos a los derechos económicos y culturales.

Entre los principales grupos en situación de vulnerabilidad, cuyos miembros son titulares de derechos específicos (sociales), se encuentran: las mujeres, las y los niños, personas en edad avanzada, personas con discapacidad, la comunidad de diversidad sexual, las personas que emigran, las y los trabajadoras, indígenas. Asimismo, en términos de equidad, se adoptan ciertas medidas como acciones afirmativas, para equilibrar el acceso a oportunidades, con el objeto de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado.

Responde a la necesidad de contrarrestar la discriminación (ya sea directa o por falta de derechos u oportunidades) que de facto existe hacía ciertos grupos de la sociedad. Al respecto, el Comité DESC, en su Observación general no. 20, establece:

“…Para erradicar la discriminación sustantiva en ocasiones los Estados partes pueden verse obligados a adoptar medidas especiales de carácter temporal que establezcan diferencias explícitas basadas en los motivos prohibidos de discriminación.  Esas medidas serán legítimas siempre que supongan una forma razonable, objetiva y proporcionada de combatir la discriminación de facto y se dejen de emplear una vez conseguida una igualdad sustantiva sostenible.”

Los derechos sociales evidentemente, requieren de mayor eficacia en nuestro país, sin embargo, a partir de la reforma constitucional de 2011, éstos se convirtieron en justiciables, por lo que la labor es en gran parte de nosotros como litigantes.

El principio pro personae y el conflicto de su aplicación.

Escrito por Bere-temas-juridicos 09-05-2018 en Derechos. Comentarios (0)

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Principio pro personae.

A raíz de la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, se le dió mayor reconocimiento, enfoque e interpretación por parte de la SCJN al principio pro personae, el cual apela siempre a garantizar la aplicación que sea más favorable para una persona.  Asimismo, surgieron nuevos criterios jurisdiccionales que  interpretan la mejor herramienta de aplicación de los derechos humanos. Sin embargo, lejos de que éstos se complementen, pareciera que van en direcciones opuestas, ya que, mientras el primero, apela a la aplicación más favorable para las personas, aunque no se esté aplicandno la Constitución, el resto, apelara a la aplicación constitucional prioritariamente.

Primero, me referiré al principio pro personae; éste puede jugar dos roles; el de una pauta hermeneutica, la cual sirve para definir qué metodo de interpretación será  el aplicable para una norma,  y también fungirá como un método de armonización normativa, es decir, ante el caso de una antinomia, saber cuál norma elegir, cuyo criterio deberá ser, siempre, elegir el método o la norma que resulte más favorable para una persona. En esta testitura, podríamos decir que si una disposiciónn que es más favorable se encuentra por ejemplo, en un reglamento, éste debería ser el aplicable, a pesar de que el derecho no este contenido en la Constitución.

La cuestión irónica es que criterios como el del bloque de constitucionalidad, la jurisprudecnai 293/2011 y el método de interpretación conforme, siempre aluden a la aplicación del cuadro normativo contenido en la Constitución, de preferencia, incluso que los tratados internacionales.

Paraciera entonces, que los mismos criterios jurisdiccionales, coartan la posibilidad de que una persona se le aplique realmente el criterio o norma más favorable y entonces, se coarta el principio pro personae.